El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha imputado a Artur Mas, a Irene Rigau y a Joana Ortega por un delito de desobediencia. La Fiscalía los acusa por presuntos delitos de desobediencia, usurpación de funciones, malversarción de caudales públicos y prevaricación, por haber desobedecido las resoluciones del Tribunal Constitucional y haber permitido las votaciones del pasado día 9 de noviembre.
Durante este año se han practicado testificales inspectores de educación y representantes de Ensenyament que fueron los que abrieron los centros escolares para las votaciones del 9-N, y en las próximas semanas declararán como testigos responsables técnicos de la campaña, así como Dolores Agenjo, directora de un instituto de l'Hospitalet que se negó a abrirlo para las votaciones.
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